Un vergonzoso episodio se registró en el Congreso Nacional. Primero, por unanimidad, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto modificatorio del impuesto específico a la gran minería, conocido como “royalty” . Senadores de gobierno y oposición, junto con los ministros de Hacienda y Minería, llegaron a un consenso que para muchos parecía inimaginable. Sin más trámites y en un gesto de olímpico desprecio al interés nacional, se aprobó profundizar la dependencia de Chile respecto de las transnacionales mineras.El consenso -que aseguró la aprobación final del proyecto en la Cámara de Diputados- dejó en evidencia el compadrazgo entre gobierno y oposición. Ambos, en definitiva, defienden los mismos intereses y no vacilan en demostrarlo cuando se hace necesario. El senador Camilo Escalona, hasta hace poco presidente del Partido Socialista, calificó de “incuantificable” la importancia política del acuerdo. Las congratulaciones mutuas de los protagonistas del escandaloso acuerdo culminaron en abrazos y risotadas para las cámaras de TV entre senadores y ministros. Fue un amistoso espectáculo que, sin duda, aumentará el desprestigio de la función parlamentaria. Crecerá el desencanto entre los partidarios de la Concertación, que recibieron como balde de agua fría este nuevo renuncio de sus representantes a pocas horas del modesto acto conmemorativo del triunfo del No en el plebiscito de 1988.
Las empresas que ya gozan de invariabilidad tributaria conforme al DL 600 sobre Inversión Extranjera, continuarán amparadas por el mismo sistema hasta el año 2017. Todos los proyectos mineros nuevos o que opten por el nuevo régimen, deberán tributar entre 5 y 14%, con un período de transición entre 2010 y 2012 en que la tasa será entre 4 y 9%. Después de esa transición, bajarán a 4 ó 5%, dependiendo del régimen a que estén acogidos, en el lapso que va hasta 2017. A partir de 2018 y hasta 2023, se les extenderá la invariabilidad y tributarán entre 5 y 14%.
Esta compleja armazón no es muy distinta a la actual y se ajusta al propósito inicial del gobierno: alzar levemente el impuesto específico ofreciendo en cambio a las transnacionales una extensión de la invariabilidad tributaria. No se altera tampoco la voluntariedad del gravamen, al que se acogerán las empresas de acuerdo a sus conveniencias. El proyecto persigue aumentar la recaudación del impuesto específico durante tres años para financiar parte de la reconstrucción por el terremoto del pasado 27 de febrero y, al mismo tiempo, legitimar la invariabilidad tributaria que ha sido cuestionada como un privilegio otorgado por la dictadura -y confirmado por la Concertación- en favor de los inversionistas extranjeros.
Hay que recalcar que el impuesto específico no es un royalty propiamente tal. Si se estableciera un verdadero royalty, debería ser una cifra distinta y separada del impuesto, porque se trata del pago de la renta correspondiente a un recurso no renovable que hasta ahora, conforme al sistema de concesión plena, se otorga gratuitamente a las empresas.
El objetivo declarado del proyecto es la obtención de fondos para la reconstrucción. Pero se estima que su rendimiento será de unos mil millones de dólares, cifra de importancia secundaria frente a los más de 30 mil millones de dólares que se calculan como costo de la reconstrucción. Esos recursos podrían obtenerse de otra forma, sin invariabilidad tributaria y sin, incluso, aumento del impuesto específico. Bastaría controlar el contenido de los concentrados de cobre para estimar el valor de los minerales asociados que se exportan -incluyendo oro- y por los cuales no se tributa. Lo mismo se lograría ajustando los precios de transferencia que hacen las transnacionales entre sus filiales para disminuir la base de tributación. Obviamente, podría haberse establecido también un verdadero royalty de a lo menos 10% del precio de venta del cobre, molibdeno y otros minerales que contienen las exportaciones que se refinan en el exterior.
La inexistencia en Chile de un royalty es un caso excepcional entre los países mineros. Y esa anomalía, que perjudica gravemente a la nación, se origina en la complicidad entre las compañías mineras y los poderes fácticos de la política chilena. Partidos de la derecha y de la Concertación, así como parlamentarios, candidatos, abogados, publicistas y medios de comunicación de ambos bloques, reciben importantes retribuciones por sus servicios a las transnacionales mineras.
Punto central de este vergonzoso entramado político-financiero es la invariabilidad tributaria del Decreto Ley 600, perfeccionado por la ley 20.026 promulgada por el gobierno “socialista” de Ricardo Lagos. El Estado no debería abdicar de su obligación de velar por el bienestar del pueblo y de su deber de proteger al país del saqueo de sus recursos no renovables, lo cual sucede cuando el Estado se obliga -como ahora- a no afectar los intereses de las transnacionales. La invariabilidad tributaria es un privilegio inaceptable que menoscaba la soberanía nacional y perjudica al país.
Por otra parte la velocidad de los cambios socio-económicos obliga a flexibilizar los acuerdos, convenciones y contratos para ajustarlos a nuevas condiciones que no son estáticas. Ya incluso se dan situaciones de modificación retroactiva de impuestos y otros gravámenes que pasan a ser excesivos y depredatorios cuando una de las partes obtiene enriquecimientos no justificados ni previstos al momento de suscribir los acuerdos.
Pero nada de eso está en los planes del gobierno de la derecha. En cambio debería estarlo en los de la Concertación, si ese bloque fuese capaz de sacudirse de compromisos espurios y de asumir su responsabilidad en defensa de los intereses de la población, como se comprometió en sus orígenes hace más de veinte años. Hasta ahora ha sido incapaz de sacar conclusiones correctas de las causas de la derrota sufrida en las últimas elecciones; una de ellas es su desvergonzada servidumbre al capital transnacional y a la oligarquía. Esa bochornosa conducta ha permitido desnacionalizar el cobre y burlarse de la histórica conquista alcanzada bajo el gobierno del presidente Allende.
Se ha perdido así una oportunidad excepcional de abordar el problema del cobre, eslabón fundamental de la economía chilena. Los graves daños del terremoto justificarían iniciativas y decisiones de excepción, como la de establecer un verdadero royalty. Las grandes empresas mineras han retirado en los últimos cuarenta años, y especialmente en los últimos veinte, varias veces el valor total de sus inversiones. Y se aprestan a seguir haciéndolo gracias al contubernio derecha-Concertación. De esta manera continuarán saqueando el país y Chile continuará perdiendo toda posibilidad de terminar con la inequidad y de asegurar una vida buena a sus ciudadanos.
Lo ocurrido con la vergüenza de este “royalty” confirma la necesidad de construir un instrumento político y social que permita al pueblo defenderse de estos latrocinios. Esto sólo puede hacerlo una alternativa de Izquierda independiente de la Concertación que proponga plebiscitar una nueva institucionalidad.
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